¿DEFENSORES DE LA PATRIA O DESOBEDIENCIA CIVIL?

Colombia presencia un momento que quedará grabado en la memoria republicana. La posesión del presidente Abelardo De La Espriella, fruto de unas elecciones democráticas, transparentes y legítimas, nos recuerda que la institucionalidad sigue siendo el pilar sobre el cual se sostiene nuestra nación. Respetar el veredicto popular no es opcional; es el contrato sagrado entre el Estado y sus ciudadanos. Quien gana gobierna, quien pierde fiscaliza. Así funciona, y así debe funcionar siempre, la democracia colombiana.

Sin embargo, este acto posee un componente histórico que muchos parecen ignorar: por primera vez en nuestra vida republicana, la ceremonia de posesión presidencial se realiza fuera de Bogotá. Desde los tiempos de la Gran Colombia, cuando Bolívar juró en Cúcuta en 1821, hasta las posesiones contemporáneas en la Plaza de Bolívar, el centralismo bogotano había sido la regla inquebrantable. Que hoy el juramento presidencial se pronuncie en otra geografía no es un capricho logístico; es un mensaje político contundente, un grito silencioso de las regiones. La Constitución de 1991, en sus artículos 286 y 287, consagró la autonomía territorial como principio rector del Estado. Tres décadas después de aquella promesa descentralizadora, este gesto simbólico exige que la descentralización administrativa deje de ser retórica de campaña y se convierta en política pública real, con presupuesto y competencias. Las regiones merecen ser protagonistas de su destino, no eternas espectadoras.

No obstante, una sombra empaña la solemnidad del momento. Sectores de la oposición han convocado lo que eufemísticamente denominan "desobediencia civil", un llamado que, revestido de lenguaje patriótico y arengas encendidas, desconoce abiertamente las vías constitucionales para ejercer la oposición legítima. La Carta del 91 establece mecanismos claros y suficientes: el control político en el Congreso, la acción de inconstitucionalidad, la revocatoria del mandato, las consultas populares y la movilización pacífica. Ninguno de ellos incluye la alteración del orden público ni la negación de la legitimidad electoral. Algunos incitan a la duda y a la confrontación, confunden, de manera peligrosa, la disidencia democrática con la insurrección. La historia nos enseña, desde la Guerra de los Mil Días hasta el Bogotazo de 1948, que cuando la política se desborda hacia la violencia, todos perdemos sin excepción.

Esperemos, con firmeza y esperanza, que estos llamados no deriven en hechos de orden público que terminemos lamentando como nación. Colombia necesita una oposición vigilante, crítica, propositiva, pero jamás exaltada. El nuevo presidente asume con el mandato sagrado de gobernar para todos, incluidos quienes no votaron por él. Y la oposición tiene el deber constitucional de fiscalizar, proponer alternativas, construir. No de hacer dudar al país.

Este 7 de agosto marca un antes y un después en la historia colombiana. La descentralización comienza con un símbolo poderoso, pero debe continuar con presupuesto, transferencia real de competencias y voluntad política genuina. La democracia se defiende respetándola, no saboteándola desde las tribunas del resentimiento. Que quienes se llaman defensores de la patria lo sean con experiencia, capacidades y argumentos de propuestas serias. No con barricadas, no con caos. Colombia merece grandeza institucional, no revanchismo.

Por: Javier Recalde Martínez.

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