Ministra de Salud pide intervención urgente de la Contraloría y la Procuraduría
Ministra de Salud solicita a la Contraloría y la Procuraduría investigar posibles irregularidades presupuestales que superarían los $32.500 millones en Colombia
La ministra de Salud solicitó la intervención inmediata de la Contraloría y la Procuraduría para esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la asignación de recursos públicos destinados al sector salud en Colombia.
La funcionaria pidió que se investiguen varias decisiones administrativas que habrían comprometido importantes sumas de dinero sin contar, aparentemente, con el respaldo presupuestal suficiente. La situación encendió las alertas dentro del Ministerio y motivó la entrega de documentación a las autoridades competentes.
De acuerdo con la información conocida, cinco resoluciones expedidas entre el 24 de julio y el 5 de agosto de 2026 contemplaban asignaciones pendientes de registro presupuestal por $33.635 millones. Sin embargo, el certificado correspondiente reflejaba una disponibilidad de apenas $1.129 millones.
La diferencia supera los $32.500 millones, una cifra que plantea interrogantes sobre los procedimientos administrativos utilizados para aprobar dichas asignaciones y los controles aplicados antes de tomar esas decisiones.
Ante este panorama, la ministra solicitó que los organismos de control examinen los documentos, revisen las actuaciones realizadas y determinen si existieron posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
El caso también busca establecer quiénes participaron en la aprobación de las resoluciones y si se cumplieron los requisitos presupuestales exigidos para este tipo de operaciones.
Por ahora, será responsabilidad de las autoridades adelantar las verificaciones correspondientes y establecer si existen méritos para iniciar procesos disciplinarios, fiscales o de otra naturaleza.
La situación vuelve a poner en el centro del debate la vigilancia de los recursos públicos destinados a la salud, así como la necesidad de garantizar transparencia y responsabilidad en las decisiones administrativas.
Fuente: el espectador
